El pasado 17 de diciembre la Asamblea Nacional de Venezuela,
controlada en un 97% por el oficialismo y cuyas funciones finalizaban
el 04 de enero del 2011, aprobó por un período de 18 meses una Ley
Habilitante para el presidente Hugo Chávez bajo el argumento de
atender la emergencia suscitada por las lluvias en el país. De esta
manera el primer mandatario puede aprobar, de manera unilateral,
decretos con fuerza de ley en nueve ámbitos de la administración
pública. Los sectores opositores venezolanos han hecho énfasis en que
dicha habilitante secuestra competencias de los diputadas y diputados
que, tras ser electos el pasado 26 de septiembre, debieran empezar sus
funciones el próximo 05 de enero y en donde, a diferencia del presente
cuerpo legislativo, cuentan con una representación de importancia. La
discusión, al tomar estos énfasis, enmascara otros temas a nuestro
juicio mucho más sustanciales: Durante año y medio el presidente
Chávez tendrá la facultad de realizar, discrecionalmente y sin ningún
tipo de debate previo, negociaciones en materia de exploración y
comercialización de recursos energéticos, la principal industria del
país.
Según la información difundida por la propia agencia estatal de
noticias AVN, el octavo ámbito en el cual el presidente Chávez tiene
facultades habilitantes es uno denominado, eufemísticamente,
Cooperación Internacional: “Competencias del Ejecutivo Nacional para
la celebración de contratos de interés público de carácter bilateral o
multilateral, destinados a desarrollar sectores estratégicos y a
atender las consecuencias de desastres naturales”. Para un lector o
lectora desprevenida la oración le recuerda las más de 100.000
familias damnificadas en Venezuela. Lo clave, sin embargo, no es el
altruismo con las personas sin techo, sino la potestad de negociar
expeditamente con dos o más países contratos en el único sector
estratégico que posee Venezuela: sus recursos naturales no renovables.
Y es que como “cooperación” se han realizado recientemente ventas de
petróleo venezolano plagadas de irregularidades de toda índole. Un
ejemplo lo constituye el acuerdo celebrado el pasado 16 de septiembre
de 2010, denominado “Ley aprobatoria del acuerdo entre el gobierno de
la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República
Popular China sobre cooperación para financiamiento a largo plazo”.
Como lo explicó el activista anticapitalista e investigador de la
geopolítica petrolera Pablo Hernández, en esa fecha Cilia Flores, como
presidenta de la Asamblea Nacional; Dario Vivas, como primer
Vicepresidente; Marelis Pérez, como segunda Vicepresidenta; Iván Zerpa
como Secretario y Victor Clark como Subsecretario, firmaron sin ningún
tipo de análisis o discusión de rigor lo que seis días antes acordó la
delegación venezolana en Beijing tras las gestiones del Ministro Jorge
Giordani. En resumen los términos del acuerdo son el otorgamiento de
dos créditos a Venezuela pagaderos en un plazo de 10 años: uno por 10
mil millones de dólares y el segundo por 70 mil millones de la moneda
china yuanes Renminbi, para contribuir según el contrato “a la
internacionalización del signo monetario de la República Popular
China”. El préstamo tiene dos particularidades. La primera es que será
pagado, en cómodas cuotas, no con dinero sino con petróleo: “para el
año 2010, no menos de 200.000 barriles diarios; para el año 2011, no
menos de 250.000 barriles diarios; para el año 2012 hasta la fecha en
la que las obligaciones bajo el Acuerdo de financiamiento hayan sido
total e incondicionalmente cumplidas, no menos de 300.000 barriles
diarios”. La segunda “particularidad” es que una parte del crédito
será entregado en electrodomésticos de fabricación china. Si en la
primera conquista cambiamos oro por espejos, en la dominación del
capitalismo global canjeamos petróleo por lavadoras. La posibilidad de
realizar acuerdos de esta naturaleza, sin ningún tipo de obstáculos
internos, es el sustrato de la actual Habilitante, en un momento de
crisis económica que obliga al gobierno bolivariano a captar recursos
para financiar su campaña electoral para el 2012.
El rol asignado a Venezuela por parte del flujo mundial actual de
capitales es el de proveer, de manera constante, segura y confiable,
energía al mercado global. Ese papel ha sido ratificado y profundizado
por un gobierno que, tras una retórica antiimperialista, ha revertido
el proceso de nacionalización de la industria petrolera ocurrida en el
país en el año 1976. Vaciando de significado a las palabras, se ha
denominado como “soberanía energética” la firma de acuerdos por
períodos entre 30 y 40 años con trasnacionales como Chevron, Repsol,
ENI y British Petroleum, entre otras, institucionalizando la figura
jurídica de empresas mixtas mediante las cuales el Estado venezolano
las hace socias, y no concesionarias como antes, de todo el proceso de
exploración, refinamiento y comercialización de energía.
Por lo anterior es que la Ley Habilitante, junto al paquete
legislativo de emergencia, continúa disciplinando a la población
venezolana para que asuma el modelo productivo de maquila energética,
sin transformar significativamente la calidad de vida de las mayorías
y lejos de realizar cambios estructurales que justifiquen el adjetivo
“revolución”. Venezuela forma parte del proceso de construcción de
nuevas gobernabilidades en la región, que han desmovilizado a los
movimientos sociales que contestaron a la aplicación de las medidas de
ajuste en la década de los 90´s, relegitimando tanto al Estado como a
la democracia representativa para cumplir las cuotas de exportación de
recursos naturales para los principales mercados del mundo.
controlada en un 97% por el oficialismo y cuyas funciones finalizaban
el 04 de enero del 2011, aprobó por un período de 18 meses una Ley
Habilitante para el presidente Hugo Chávez bajo el argumento de
atender la emergencia suscitada por las lluvias en el país. De esta
manera el primer mandatario puede aprobar, de manera unilateral,
decretos con fuerza de ley en nueve ámbitos de la administración
pública. Los sectores opositores venezolanos han hecho énfasis en que
dicha habilitante secuestra competencias de los diputadas y diputados
que, tras ser electos el pasado 26 de septiembre, debieran empezar sus
funciones el próximo 05 de enero y en donde, a diferencia del presente
cuerpo legislativo, cuentan con una representación de importancia. La
discusión, al tomar estos énfasis, enmascara otros temas a nuestro
juicio mucho más sustanciales: Durante año y medio el presidente
Chávez tendrá la facultad de realizar, discrecionalmente y sin ningún
tipo de debate previo, negociaciones en materia de exploración y
comercialización de recursos energéticos, la principal industria del
país.
Según la información difundida por la propia agencia estatal de
noticias AVN, el octavo ámbito en el cual el presidente Chávez tiene
facultades habilitantes es uno denominado, eufemísticamente,
Cooperación Internacional: “Competencias del Ejecutivo Nacional para
la celebración de contratos de interés público de carácter bilateral o
multilateral, destinados a desarrollar sectores estratégicos y a
atender las consecuencias de desastres naturales”. Para un lector o
lectora desprevenida la oración le recuerda las más de 100.000
familias damnificadas en Venezuela. Lo clave, sin embargo, no es el
altruismo con las personas sin techo, sino la potestad de negociar
expeditamente con dos o más países contratos en el único sector
estratégico que posee Venezuela: sus recursos naturales no renovables.
Y es que como “cooperación” se han realizado recientemente ventas de
petróleo venezolano plagadas de irregularidades de toda índole. Un
ejemplo lo constituye el acuerdo celebrado el pasado 16 de septiembre
de 2010, denominado “Ley aprobatoria del acuerdo entre el gobierno de
la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República
Popular China sobre cooperación para financiamiento a largo plazo”.
Como lo explicó el activista anticapitalista e investigador de la
geopolítica petrolera Pablo Hernández, en esa fecha Cilia Flores, como
presidenta de la Asamblea Nacional; Dario Vivas, como primer
Vicepresidente; Marelis Pérez, como segunda Vicepresidenta; Iván Zerpa
como Secretario y Victor Clark como Subsecretario, firmaron sin ningún
tipo de análisis o discusión de rigor lo que seis días antes acordó la
delegación venezolana en Beijing tras las gestiones del Ministro Jorge
Giordani. En resumen los términos del acuerdo son el otorgamiento de
dos créditos a Venezuela pagaderos en un plazo de 10 años: uno por 10
mil millones de dólares y el segundo por 70 mil millones de la moneda
china yuanes Renminbi, para contribuir según el contrato “a la
internacionalización del signo monetario de la República Popular
China”. El préstamo tiene dos particularidades. La primera es que será
pagado, en cómodas cuotas, no con dinero sino con petróleo: “para el
año 2010, no menos de 200.000 barriles diarios; para el año 2011, no
menos de 250.000 barriles diarios; para el año 2012 hasta la fecha en
la que las obligaciones bajo el Acuerdo de financiamiento hayan sido
total e incondicionalmente cumplidas, no menos de 300.000 barriles
diarios”. La segunda “particularidad” es que una parte del crédito
será entregado en electrodomésticos de fabricación china. Si en la
primera conquista cambiamos oro por espejos, en la dominación del
capitalismo global canjeamos petróleo por lavadoras. La posibilidad de
realizar acuerdos de esta naturaleza, sin ningún tipo de obstáculos
internos, es el sustrato de la actual Habilitante, en un momento de
crisis económica que obliga al gobierno bolivariano a captar recursos
para financiar su campaña electoral para el 2012.
El rol asignado a Venezuela por parte del flujo mundial actual de
capitales es el de proveer, de manera constante, segura y confiable,
energía al mercado global. Ese papel ha sido ratificado y profundizado
por un gobierno que, tras una retórica antiimperialista, ha revertido
el proceso de nacionalización de la industria petrolera ocurrida en el
país en el año 1976. Vaciando de significado a las palabras, se ha
denominado como “soberanía energética” la firma de acuerdos por
períodos entre 30 y 40 años con trasnacionales como Chevron, Repsol,
ENI y British Petroleum, entre otras, institucionalizando la figura
jurídica de empresas mixtas mediante las cuales el Estado venezolano
las hace socias, y no concesionarias como antes, de todo el proceso de
exploración, refinamiento y comercialización de energía.
Por lo anterior es que la Ley Habilitante, junto al paquete
legislativo de emergencia, continúa disciplinando a la población
venezolana para que asuma el modelo productivo de maquila energética,
sin transformar significativamente la calidad de vida de las mayorías
y lejos de realizar cambios estructurales que justifiquen el adjetivo
“revolución”. Venezuela forma parte del proceso de construcción de
nuevas gobernabilidades en la región, que han desmovilizado a los
movimientos sociales que contestaron a la aplicación de las medidas de
ajuste en la década de los 90´s, relegitimando tanto al Estado como a
la democracia representativa para cumplir las cuotas de exportación de
recursos naturales para los principales mercados del mundo.
Rafael Uzcátegui
Periódico El Libertario
Periódico El Libertario
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